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13 de mayo de 2019
Los Agroquímicos y el problema sanitario
Horacio Lucero, investigador del Instituto de Medicina Regional de la UNNE, se sumaba a un escaso número de científicos en la Argentina que daba cuenta acerca de los efectos nocivos que algunos agroquímicos tenían para la salud.

Lejos de generar un impacto en los espacios de decisión, lo que vino después terminó resultando un escenario más complejo y descontrolado de lo que por entonces sólo era calificado de “alarmista”.

Su experiencia en estudios de 
Genotoxicidad en población expuesta de la provincia del Chaco, lo llevó a ser convocado a un proyecto que lo vincula al Dr Raúl Montenegro (profesor de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Universidad Nacional de Córdoba) y al doctor Jean-Jacques Girardot (investigador francés de la Universidad de Franche-Comté) para estudiar, mediante otros indicadores, el impacto sanitario ambiental y ecológico que tienen los plaguicidas. A la espera de la concreción del proyecto, el doctor Lucero lo considera vital para el estudio de otros contaminantes en la zona y ver la relevancia estadística de la aplicación de agroquímicos.

Las denuncias en las que se asocia el incremento de una multiplicidad de patologías con la exposición a la fumigación de agroquímicos surgió de la vinculación con las primeras investigaciones que ya se realizaban en el país y en el extranjero, además del contacto estrecho con el grupo de científicos liderados por el fallecido doctor Andres Carrasco, referente en el área.

Algunas de esas evidencias fueron recogidas en poblaciones enteras expuestas en forma directa al contacto con los agrotóxicos, como los casos del Barrio Ituzaingó de Córdoba (año 2001) que fue llevado a la justicia y logró sentar jurisprudencia. Así, los investigadores, alertados por estos hallazgos, realizaron estudios en aplicadores de estos productos y demostraron un incremento en los indicadores de riesgo asociados a genotoxicidad en comparación con la población no expuesta. La Dra. Delia Aiassa, Investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC, es una de los principales exponentes de Córdoba en esta área de estudio.

Para Lucero, desde entonces a diciembre de 2016 nada cambió; por el contrario, empeoró. Si bien hay determinados sectores que se resisten a admitir la nocividad de los plaguicidas para la salud, el tema ya no representa el foco de la discusión. El debate, actualmente, tiene un giro planteado por los mismos empresarios, nucleados en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) y el mismo Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), referido a las buenas prácticas agrícolas y el buen uso de los productos para la protección de los cultivos.

Como ejemplo de la gravedad de la situación planteada vale mencionar el trabajo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), que depende de la Universidad Nacional de La Plata, recientemente publicada por la revista internacional "Enviromental Monitoring ad Assessment". Es la primera de esa escala realizada en cuenca del Paraná. En la misma se advierten "altos niveles" de 
glifosato y su degradación, el metabolito AMPA, "en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del río, de acuerdo con la agricultura intensiva que se desarrolla en la región". El estudio, realizado en cooperación con Prefectura, demostró "altos niveles" del herbicida -recategorizado como "probablemente cancerígeno por la OMS"- en los sedimentos acumulados en la desembocadura de 23 arroyos y cursos que tributan a sus aguas desde el Río Pilcomayo hasta el Luján".
“A pesar de la tecnología que se dispone para realizar fumigaciones de precisión, la deriva de estos agroquímicos no es controlada. La gravedad del estado de situación dado por los datos que se relevan del mismo campo, tiene dos razones: en primer lugar, se desplazó demasiado la frontera agropecuaria. Al recorrer las rutas se puede ver que entre un campo y otro hay fuentes de agua, pequeños poblados, escuelas, etc. Todos quedan presos de estos químicos. Si esto no fuera así no existirían tantas denuncias de escuelas rurales fumigadas ni se encontrarían agroquímicos en las fuentes de agua”, señaló Lucero.

La segunda razón -y quizás la más grave- es que “el Estado no cumple con su rol como organismo de contralor”. “No se controla ni la cantidad ni los agroquímicos y sus mezclas con los que se fumigan las plantaciones. Además, los mismos productores admiten un aumento preocupante de las dosis de plaguicidas porque las malezas se hacen resistentes”, explicó Lucero.

-¿Pero el control se debe limitar a la fumigación en los campos?
No. El monitoreo debe continuar también en los alimentos, porque aparecen rastros de plaguicidas a medida que se buscan. La Universidad Nacional de La Plata tiene un equipo de investigadores que realiza este seguimiento en productos de uso cotidiano. Hallaron, de manera azarosa, restos de glifosato en el algodón comercial de farmacia. De a poco y gracias a la tecnología disponible, este control no oficial nos permite comprender el peligro al que estamos expuestos.

Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por este mismo grupo de investigadores, en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida 
endosulfán.

El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos.

-¿Por qué considera usted que el uso de los agroquímicos generó un escenario complejo y grave?
Estamos en una etapa de aparición de enfermedades que se consideraban poco frecuente y basta con relacionar los datos de indicadores de salud con cantidad de agroquímicos vendidos. Muchos niños, hijos de productores rurales, están expuestos a intoxicación crónica a pequeñas dosis a lo largo de su vida, que pueden finalmente desencadenar multiplicidad de patologías. 
- Si tuviera que tomar tres medidas para salir de esta situación de peligro sanitario en la que se encuentra la región y el país, ¿cuáles serían?
La Ley General del Ambiente N° 25.675 (LGA) tiene al menos dos principios, de los cuales debemos valernos para actuar rápidamente si queremos evitar males mayores: 
El Principio Precautorio: que dice textual “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar las medidas eficaces”. El otro es el Principio de Sustentabilidad: que nos dice “El desarrollo económico, social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”.
En segundo lugar, hay que buscar alternativas de producción a largo plazo.
En Argentina dejamos de privilegiar la alimentación de seres humanos para pasar a alimentar masivamente el ganado de la Comunidad Europea y China, y a proveer de 
biocombustibles sus vehículos. Estamos perdiendo la soberanía alimentaria con el consecuente problema social que esto acarrea. ¿Hay opciones?, una de ellas es la agroecología. Tiene sus detractores, quienes sostienen que es un modelo que no puede alimentar al mundo. Pero no consideran que los organismos genéticamente modificados tampoco alimentan al mundo, porque cada vez hay más gente con hambre y enferma.
Por último, tomaría una medida a nivel científico, de profundizar el trabajo en red con los diferentes grupos que tienen su objeto de estudio en este tema. Convocar al pequeño segmento de científicos comprometidos e independientes para aportar información a las autoridades responsables de cuidarnos. Debemos asumir la responsabilidad como hombres de ciencia, formados en universidades públicas gratuitas, porque la ecuación es sencilla: “cuando no se discute un problema, se lo silencia y, en consecuencia, desaparece”. Es una táctica que hasta el momento dio muy buenos resultados.



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